Problemas en la convivencia escolar

Recientemente el Defensor del Pueblo presentó los datos del “Informe sobre Violencia Escolar 2006”. En él se aprecia que ciertas conductas, como el insulto, han descendido; pero el maltrato entre iguales sigue estando ahí...

     Recientemente el Defensor del Pueblo presentó los datos del “Informe sobre Violencia Escolar 2006”. En él se aprecia que ciertas conductas, como el insulto, han descendido; pero el maltrato entre iguales sigue estando ahí. Si bien es positivo el descenso en la práctica totalidad de comportamientos estudiados, no lo es el hecho que sigan dándose esos mismos comportamientos, aunque aparezcan atenuados. Es el caso de ignorar o menospreciar al igual, insultos, apodos ofensivos, falsos testimonios, amenazas y acoso sexual.  

     En el caso de las amenazas apenas se aprecia descenso, bien es verdad que el porcentaje de las mismas es muy inferior a otro tipo de maltratos como el insulto, los motes ofensivos o el desprecio. 

     Lo que más llama la atención, precisamente por ser un dato exagerado, es el porcentaje de centros en los que el jefe de estudios confirma el maltrato del alumnado hacia el profesorado. Mientras que la agresión física directa se da en un catorce por ciento de casos, los robos, destrozos de pertenencias e intimidación alcanzan cifras escalofriantes y dignas de preocupación, superando el cincuenta por ciento de los centros encuestados, en los cuales se han producido destrozos de pertenencias al profesorado. Ni que decir tiene que, cuando se habla de otro tipo de actitudes negativas, como rumores dañinos, el porcentaje de centros sobrepasa con creces el sesenta por ciento de los mismos, estando muy próximo al setenta y cinco por ciento el conjunto de centros donde el alumnado profiere insultos al profesorado. 

     Los datos aludidos explican las múltiples quejas del profesorado ante el malestar existente en muchos centros educativos, la falta de estímulos, así como las bajas habituales y de larga duración, en ocasiones. Es evidente, pues, que el maltrato no se ciñe a los iguales, sino que tales actitudes abundan de discentes a docentes. Sorprende este tipo de hechos en los centros docentes, sobre todo al tratarse de instituciones donde la actividad es la educación y formación de jóvenes adolescentes.  

     Hay un hecho patente. Y es que existe clara conciencia sobre los comportamientos aludidos, tanto por parte del profesorado, como del alumnado. Los datos ponen de manifiesto una realidad, reflejo de la sociedad. Nadie puede llamarse a engaño pensando que sociedad y escuela viven cada una su vida, con independencia y armonía. Sería absurdo abordar tal independencia, sabiendo que el error sería inicial y de bulto. La escuela no es ajena a su entorno, como no lo es el niño a su entorno escolar y familiar. 

     Lo triste y penoso de los problemas de convivencia escolar, llámese maltrato o insultos -- por citar dos de los muchos extremos que podemos imaginar -- es que la ayuda inmediata no siempre es posible para muchos de los agredidos. En numerosas ocasiones faltan apoyos por falta de información. Además, muchas veces, existe también cierto miedo a contarlo, como consecuencia de las amenazas. 

     La normativa que han elaborado casi todas las comunidades autónomas establece mecanismos claros y precisos para abordar los problemas de convivencia, aunque hemos podido comprobar que se trabaja excesivamente pensando en la galería y en la competencia con otras comunidades; hecho que a poco conduce, excepto a seguir jugando con el alumnado, el profesorado y con las propias situaciones. No es de extrañar que, dadas las actitudes un tanto sospechosas, el sindicalismo responsable haya creado figuras como el Defensor del Profesor, encaminadas al asesoramiento y al establecimiento de pautas de conducta al profesorado, ante situaciones no deseadas que suelen acabar degradando la labor educativa y, por añadidura, la convivencia en los propios centros.  

     Consciente de cómo el ambiente se ha ido degradando en muchos centros, el sindicato de profesores ANPE viene exigiendo a las autoridades educativas programas serios y rigurosos para poner en marcha medidas realistas y eficaces que contribuyan a solucionar la problemática. Una problemática que en algunas comunidades tiene unos cauces de actuación que parten de la Carta de Medidas para facilitar la convivencia en los centros docentes. Una Carta que destierra decisiones sin planificación o impulsos aislados y voluntaristas. 

     Por otra parte, no faltan instituciones preocupadas por la violencia escolar, en particular, y la violencia juvenil en general. Ahí está el ejemplo de la Audiencia de Alicante explicando a los jóvenes el Protocolo contra la Violencia Juvenil. Un ejemplo digno de imitar en todas y por todas instancias comprometidas con la educación y formación de niños y jóvenes. 

     Es admirable, sobre todo por su compromiso e iniciativa, el ejemplo del presidente de la Audiencia de Alicante, Vicente Magro, que reunido con un centenar de jóvenes les hizo ver la importancia y trascendencia de la ley. Y es que gamberradas como robar un móvil o dinero a un amigo o compañero son delitos que acaban juzgados por un Tribunal de Menores; pero eso mismo, con dieciocho y más años, es un delito que lleva acarreada la privación de libertad.  

     Tal protocolo recoge como más novedoso la creación de un foro permanente y estable de reflexión y trabajo sobre la violencia juvenil, además de la creación de un programa de reeducación para menores condenados a medidas de libertad vigilada por delitos, “como complemento a las medidas que Bienestar Social ya aplica en la actualidad”.   

     Dicho foro estable para la reflexión viene a ser el equivalente al Observatorio de Educación creado en algunas comunidades autónomas y en el propio Ministerio de Educación y Ciencia. Parte de una base lógica en su composición, como son las asociaciones de padres de centros educativos, sindicatos y profesionales de la docencia. Y el objetivo es detectar los posibles problemas que surjan en el ámbito de la convivencia escolar para trasladarlos a las administraciones y buscar las “soluciones más adecuadas”. 

     Otro ejemplo a imitar y digno de resaltar, dada la ayuda que aporta a los profesionales de la docencia es la página Web – existen algunas más – denominada “La Mirada de Jokin” para informar, analizar y tratar el acoso escolar. Cabe destacar la amplia información sobre las medidas que se adoptan en las diversas comunidades autónomas y en instituciones preocupadas por la educación. Surgió tras la muerte de Jokin Ceberio Laboa, estudiante de secundaria en el instituto Talaia de Hondarribia, como consecuencia del acoso del que fue objeto en su centro y cuya sentencia del caso es de fecha 15 de julio de 2005.